Sensación de abandono intolerable

Sacrificio. La interrupción de la actividad en el interior de bares y restaurantes, la limitación de aforos en el comercio y de movimiento generan miles de damnificados. Sin turistas y con un importante porcentaje de la población encerrado en casa, con menos consumo, se para la rueda. Empresarios de la restauración que no tienen terraza condenados a la quiebra porque en espacios cerrados hay pruebas fehacientes de que el contacto sin mascarilla facilita el contagio y para comer tienes que quitártela. Sus trabajadores al paro o al ERTE, drama por partida doble. Restricciones por causa de fuerza mayor -porque muere gente, procede repetirlo-, porque si no mantenemos presente la justificación todo este sacrificio pierde sentido: gente muere o sufre graves secuelas. Pero subyace otra cuestión importante ¿por qué cerrar restaurantes y no se impide viajar en guagua que la peña va mucho más apiñada?, ¿se asume un riesgo con las actividades declaradas esenciales?

Culpables. Mascarillas no, afirmaban durante los primeros meses, bastaba el distanciamiento y la higiene, ¿porque no había mascarillas para todos?, porque se transmitía por gotitas de saliva, decían, hasta que se confirmó que no, que el virus viaja por el aire. ¿Nos mintieron o es que no tenían ni idea?, ¿quien dijo “mascarillas no” y después dijo “mascarillas sí” debe dimitir?, ¿eso es mentir?, ¿reconforta que el responsable de proponer acciones de control de la pandemia acepte su error y abandone su puesto?, ¿es un error? Son solo preguntas, que cada uno dé sus propias respuestas, yo no sabría qué responder. En todo dilema cabe plantearse cuáles podrían haber sido las opciones si es que hubo: ¿recomendar/obligar al uso de la mascarilla desde el minuto uno?, ¿aunque no estaban disponibles?, ¿qué hubiera pasado?: me obligan a llevar mascarilla pero no tengo donde comprarla, me informan de que un pañuelo no vale, que debe ser una tela especial, ¿no salgo?, ¿salgo sin ella pero tengo más cuidado?, ¿se hubieran agotado las de uso quirúrgico necesarias en el sistema sanitario?, ¿habría habido mercado negro?, ¿hubiera habido menor incidencia? Ni idea.

Realidad. Lo cierto es que en Canarias -ya con mascarillas disponibles sin restricción- la segunda ola tiene mayor incidencia que la primera, más muertos y más contagiados. No era eso. Lo cierto también es que las restricciones para viajar impuestas en los países de origen de nuestro turismo, Alemania y Reino Unido principalmente, nos condenan, no solo al sector sino al conjunto de la sociedad. Hoteles en venta, no es de extrañar, cobarde el capital que huye en busca de inversión con menor incertidumbre. Y cientos de miles de personas con sus empleos en el aire. O vuelve el turismo o nos espera desesperación, más miseria y emigración masiva. No exagero.

Deseo. La vacuna supondrá el principio del fin. Aunque tendrán que darse mucha más prisa en fabricarla y administrarla, a falta de concluir los ensayos de los otros laboratorios. Hay esperanza, inmunizar los grupos de riesgo permitirá acercarnos a una vida más normal. Y bajar la incidencia permitirá viajar. Y se supone que está todo preparado para alcanzar velocidad de crucero en pocos meses: aviones repostados, hoteles limpios con todas las medidas de control dispuestas y turistas ansiosos por disfrutar de unas vacaciones.

Imprescindible. Resolver con solvencia estos meses que quedan para los miles de afectados por la causa, sacrificados por el bien común. Mediante dinero público financiado con deuda, pues claro. Todo el esfuerzo. Y no solo para que los trabajadores escapen sino para compensar a los empresarios que han tenido que cesar en su actividad. Y aplazar la crítica electoralista para después... para eso todavía queda.

Baja temeraria, aquí Santa Cruz

Incumplimiento. Sudó tinta el concejal de servicios públicos, el popular Díaz Guerra, en la última comisión de control para dar cuenta del contrato que ejecuta Valoriza, el nuevo concesionario de la limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz. Vaya marrón para el PP, vaya pacto envenenado: devolver a Coalición Canaria a la alcaldía a cambio de esa concejalía, después de una licitación más que polémica cerrada en la prórroga. Esfuerzo ímprobo tratar de reconducir un contrato adjudicado en baja temeraria con informe en contra de los ingenieros del propio ayuntamiento.

Irrelevante. Empezó el relato don Guillermo que refrendaba -punto por punto- las deficiencias y previsibles incumplimientos que detectaron y plasmaron en sus informes los técnicos encargados de evaluar las ofertas. Deficiencias que Dámaso Arteaga, entonces concejal responsable, y José Manuel Bermúdez, entonces alcalde, consideraron que no eran suficientemente relevantes como para inadmitir la propuesta de Valoriza en baja temeraria. Está ocurriendo lo que los expertos dijeron que iba a ocurrir. Los datos dejan muy bien a los ingenieros de la casa, dejan muy mal a los señores Arteaga y Bermúdez y dejan completamente desamparados a los vecinos de Santa Cruz que sufrimos una malísima decisión de la que ellos son responsables como se constata.

Minucias. Quejas con los contenedores en la vía pública, explicó Díaz Guerra. Pues claro, es que Valoriza presentó “la oferta con menor volumen de contenerización prevista” de las cinco empresa que participaron en la licitación. El entrecomillado es del informe suscrito por el equipo del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos, disponible en la web municipal. Menor número de contenedores, más distancia desde los domicilios, incomodidad para los vecinos. Tartamudeaba el concejal al intentar justificar lo injustificable. Quejas también con la retirada de muebles usados, un incremento producto del confinamiento, aclaró, aunque en enero hubo 130 incidencias, solo de este servicio, antes de. Y tampoco explicó que los técnicos municipales habían dictaminado al analizar esa propuesta que “sobre el indicador de calidad de residuos voluminosos y escombros, se estima que la oferta no puede ser cumplida”, cita del referido informe. Valoriza no dispone de medios suficientes para realizar ese servicio, no ya en una situación especial, que se podría entender, ni siquiera de ordinario. No poder cumplir la recogida de enseres, una minucia irrelevante para Dámaso Arteaga.

Imposible. No podemos culpar al actual concejal de servicios de las 4.350 quejas respecto al servicio que los vecinos de Santa Cruz formularon en los primeros 11 meses de 2020. Una media de 395 mensuales -diez veces más de las 40 que prometió Valoriza- y que Coalición Canaria aceptó aunque los funcionarios municipales certificaron que con “las medidas propuestas que se detallan sobre el indicador de calidad del número de incidencias del servicio, se estima que la oferta no puede ser cumplida”. Y efectivamente no se cumple. Desde la oposición alguien pidió reforzar con más medios, una opción inviable jurídicamente que destapa un modus operandi: baja temeraria para entrar y más dinero para cumplir.

Por qué. Completó su comparecencia Díaz Guerra dando cuenta de las sanciones impuestas a Valoriza, que han llegado a alcanzar los 60 mil euros mensuales. Nadie preguntó en qué invirtió Valoriza los 210 mil euros anuales que ofreció para la concienciación ciudadana ni cómo van los porcentajes de reciclaje que prometió, cuestiones decisivas para la elección del contratista. Pudiera parecer un problema sobrevenido "Santa Cruz está sucia", pero no es así. Las deficiencias detectadas son consecuencia de una decisión política -esa adjudicación- que tiene responsables. En la comisión nadie exigió que Coalición Canaria asuma esa responsabilidad. Faltaron, faltan, esas explicaciones.

El escándalo del plátano con la Ley de Cadena

Demagogia. En grado superlativo. “El PSOE niega la excepción al plátano y da un golpe de muerte al
sector”, declaró Fernando Clavijo fuera de sí. No es para tanto, nadie va a morir una vez garantizados los fondos POSEI para Canarias que vienen de la UE. El futuro del plátano no está en entredicho y Clavijo lo sabe. Práctica viejuna, ladrar para dar caña al adversario político. Denuncia un “escándaló” al estilo Raphael: “un golpe a la competitividad del plátano canario”, “bajada drástica de las ventas”, “irremediable retirada del mercado de gran parte de la producción”, “pérdida potencial para el sector de 100 millones de euros anuales”, “golpe mortal al sector que afronta ahora el peligro de desaparición” y todo porque no salió adelante una enmienda a la Ley de Medidas Urgentes para la agricultura en su trámite en el Senado.

Debilidad. Fernando Clavijo no se leyó la enmienda de los productores plataneros -Asprocan- ni parece tener idea de qué va la Ley de Cadena Alimentaria. Ni el plátano se va a quedar fuera de mercado ni la nueva ley obliga a fijar un precio mínimo de venta. Imposible semejante apocalipsis. No contemplar la modificación solicitada no es suficiente para desencadenar la hecatombe. Además Asprocan tiene razón: ha aflorado un punto débil del texto legal, no solo para el plátano sino también para cualquier operación comercial. Esto de ahora era un parche que bien podría haber quedado pendiente, en realidad la tramitación de la Ley de Cadena sigue su curso.

Implicaciones. Asprocan pide dejar fuera al plátano de ciertos preceptos por no plantear una enmienda a la totalidad, por puro pragmatismo: “exceptúen al plátano y con lo demás hagan lo que quieran”. Que en cada operación se cumpla a rajatabla que el precio de venta sea superior al coste de producción –esa es la madre del cordero– va en contra del equilibrio oferta/demanda, un controvertido efecto no pretendido por el legislador, con total seguridad, que pasó desapercibido para los ponentes y que deberá ser estudiado antes de la aprobación definitiva, no de estas medidas urgentes, sino de la nueva Ley de Cadena.

Profecía. Argumenta Asprocan con buen criterio que la obligatoriedad de fijar el precio de venta siempre por encima del coste de producción significaría incumplir cuando la propia dinámica del mercado no permita colocar el plátano a ese precio. Ellos bien saben que hay momentos a lo largo del año con mucha oferta y poca demanda y que el propio mercado exige bajar el precio para evitar que la fruta acabe en la basura. Ni Asprocan quiere vender por debajo de los costes de producción -que sí que llevaría al sector a la negra profecía del señor Clavijo- ni tampoco desea infringir la ley si coyunturalmente tuviera que cerrar alguna operación por debajo de los costes para salvar los muebles. Esa es la controversia.

Mercado. Asprocan demuestra su fuerza en defensa del plátano de Canarias, pide al PSOE un plan B y moviliza a toda la oposición en contra del Gobierno. Ni CC ni el resto de senadores estudiaron el proyecto de ley ni entendieron el alcance de la enmienda porque hubieran llegado a una misma conclusión: nunca es buena idea poner impedimentos al mecanismo de la oferta y la demanda porque el libre mercado funciona, ha contribuido al crecimiento y ha dado mucho mejor resultado que cualquier otro sistema económico. Polémica estéril. Menos dramatismo, señor Clavijo, y más defensa real del sector primario. Es prioritario amparar al plátano, por supuesto, pero también estamos obligados a proteger al resto de productores, ahora, en el trámite del nuevo texto legal.