domingo, 12 de julio de 2020

Todo vale, qué pena

Escrúpulos. El futuro de Santa Cruz en manos de una concejala tránsfuga no adscrita. Vaya. A CC ya le vale, escrúpulos los justos porque el fin justifica los medios o eso nos hacen creer. Al PP también, total, “from lost to the river” -de perdidos al río-. Y la susodicha que ve cumplida su venganza, quiero decir, que verá cumplidos sus sueños, aquellos que sean y que jamás de los jamases trascenderán en público. Desde el punto de vista político esta moción de censura no tiene un pase. Evelyn Alonso ejerció activamente la oposición al régimen anterior de CC+PP en el último mandato, su partido, Ciudadanos, incluye no pactar con nacionalistas en su ADN fundacional y la incómoda promesa electoral de regenerar la vida política. Promesas electorales, vaya.

Filantropía. En cualquier caso me resisto a observar este fenómeno con resignación. Desde un punto de vista pragmático este cambio de gobierno en Santa Cruz, el encaje de la concejala no adscrita -huérfana de partido político, para entendernos- en el equipo de gobierno, muestra preocupantes fisuras. La primera es que no recibirá salario por su trabajo, dada su condición de tránsfuga, por su dedicación, la que sea, al muy noble e invicto pueblo santacrucero, loable, generoso, entendible y justificable si se tratara de una rica heredera o una exitosa empresaria que ejerciera la filantropía, pero no es el caso, vivirá del trabajo de su marido, según dicen, ah, pues vale: una tara de este siglo XXI que no acaba de desprenderse del machismo natural que subyace en tal peregrina justificación.

Vivir. Contaba mi padre una historia de mi abuelo, director del periódico La Tarde que tenía cierta influencia en el Santa Cruz de aquella época. Como, en determinada ocasión, cuando todavía el ejercicio de la política no era una actividad remunerada, un conocido suyo le pide el apoyo para intentar ser concejal. Mi abuelo lo escucha y un tanto escéptico le pregunta por qué quiere meterse en ese fregado si además no se cobraba por ello. “Ellos viven, don Víctor, ellos viven” recibió por respuesta. Varias décadas después, la policía judicial corroboró la afirmación de ese buen señor al demostrar como Miguel Zerolo, que sí que cobraba por ser edil, no tocó durante años la cuenta donde ingresaban su salario. Y vivía y bastante bien.

Malabares. Segunda fisura: cómo el equipo entrante podrá, en su caso, asignar alguna función de gobierno a su nueva socia. Con un decreto, de acuerdo, esa parte sí, puede hacerlo en el ejercicio de las atribuciones del alcalde-presidente. Me refiero a cómo se concreta ese nombramiento en un cargo con algún poder ejecutivo que le requiera ir a unas oficinas municipales, asumir determinadas competencias, firmar o tener un equipo de funcionarios a su cargo. Porque si no cobra por su condición de tránsfuga, que eso sí que parece que está claro, ¿cómo se tramita su alta en la Seguridad Social?, ¿con qué base de cotización?, ¿con la que le correspondería según su sueldo teórico? Eso quiere decir que aunque no cobre el sueldo ¿sí que cotizaría para el paro o su futura jubilación? Entonces, recibiría remuneración indirectamente, pues no entiendo. Sin contrato y sin alta no debería poder trabajar para el ayuntamiento, no cumpliría con la legislación laboral ni la prevención de riesgos laborales.

A la bajadita. Inútil intento de desactivar la moción de censura mediante la aplicación desesperada y a última hora del ventilador a “las cosillas” acumuladas debajo de la alfombra durante cuarenta años. Un año mirando papeles sí que servirá para ejercer la oposición enfocada hasta que llegue el momento procesal oportuno. Antes no.




domingo, 5 de julio de 2020

Emmasa otra vez

Gestión. Ya en 2013 el gobierno municipal de CC en el ayuntamiento de Santa Cruz propuso una auditoría de gestión en Emmasa, la empresa mixta que gestiona el suministro de agua, alcantarillado y depuración. Una 'auditoría de gestión' difiere de una 'auditoría de cuentas' a la que cualquier empresa de determinado tamaño está obligada por ley. En la de cuentas se verifica que la contabilidad registrada en los libros corresponde a la actividad real de la empresa y que tal registro cumple con las normas contables, no entra a evaluar cómo se desarrolla el negocio sino solo verifica que su reflejo está contabilizado correctamente. La auditoría de gestión, sin embargo, pretende analizar cómo trabaja la empresa y si cumple realmente sus compromisos con clientes y proveedores, y el resto de normativa vigente.

Reglas. En el caso de Emmasa, cuya actividad se rige por un contrato adjudicado a Sacyr y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público, la auditoría de gestión debió comprobar además la ejecución estricta de todo aquello que recogen los pliegos de condiciones que regulan esa licitación pública. Ese chequeo exhaustivo debe referirse a la ejecución de cuestiones técnicas respecto a cómo debe prestarse ese servicio público esencial y respecto a sus implicaciones económicas -ingresos y gastos- que derivan de esas prestaciones. En los contratos públicos todo está atado de antemano, no caben interpretaciones de parte ni la introducción de nuevas reglas del juego sin un procedimiento que precisa de una validación legal por parte de los servicios jurídicos del poder adjudicador, el propio ayuntamiento de Santa Cruz, en este caso.

Quejas. Quise entender que esa auditoría de gestión fue contratada a un equipo de profesionales independientes en aquellas fechas aunque nunca trascendieron públicamente las conclusiones del ejercicio de transparencia. En aquella época la oposición en el consistorio habló de irregularidades detectadas en la subcontratación de determinados trabajos a una empresa del propio grupo Sacyr que incumplía lo previsto en los pliegos y que supuestamente fueron sancionadas, aunque -se quejaban airadamente- parece ser que desde la concejalía nacionalista hubo muy poco interés a la hora de reclamar los importes de esas sanciones. Las comportamientos permisivos en la necesaria fiscalización de los servicios públicos, por voluntad política o por falta de medios técnicos, producen un grave quebranto a las administraciones públicas y, por ende, a los ciudadanos que pagamos la fiesta.

Revisión de oficio. Por las últimas noticias publicadas estos días podemos deducir que en Emmasa había otras irregularidades que no se detectaron entonces o que no habían aflorado hasta ahora. Los incumplimientos no prescriben, los contratos públicos pueden ser fiscalizados en cualquier momento por el órgano de contratación, que debe solicitar la compensación por los servicios abonados y no prestados, en su caso, o incluso iniciar la resolución del contrato si detectara graves incumplimientos.

Responsabilidades. La tarea de un nuevo equipo de gobierno -en Santa Cruz entró PSOE y Cs en sustitución de CC y PP- no consiste en perseguir para destruir lo que hicieron sus predecesores. Ahora bien, hacer cumplir los contratos suscritos por el ayuntamiento sí que es una obligación ineludible. Que del ejercicio de esa obligación deriven otras cuestiones que trascienden la mera acción política de garantizar la prestación de servicios se encargan otros estamentos de nuestro Estado de derecho. Con Santa Cruz tienen trabajo. Ya nos enteraremos cómo acaba esto de la empresa mixta de aguas y también de la adjudicación por parte de CC-PP durante la anterior legislatura, precisamente a Sacyr, ¡vaya casualidad!, del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, con el dictamen en contra de los ingenieros municipales.