sábado, 4 de febrero de 2017

Cobrar por la cara

(Publicado en el periódico El Día el 4 de febrero de 2017)

A vivir. Proponen los sindicatos en Cortes la aprobación de una prestación no contributiva que recibirían quienes la soliciten mientras carezcan de empleo y de recursos económicos: una paga, para entendernos, la famosa renta mínima universal en lenguaje electoral. Resulta inquietante que la iniciativa legislativa (popular) parta de los sindicatos -que eran organizaciones de trabajadores- dispuestos a cargar sobre sus representados los miles de millones que costará el invento.
-Pero ¿qué dices, Zurita?, que pague el Estado.
-Pues eso, alma de cántaro, a ver quién sostiene al Estado.
Los sindicatos cambian de cliente, prefieren la política. Ser trabajador como condición coyuntural nada atractiva, panolis que curran y pagan impuestos, demolición del "deber de trabajar y el derecho al trabajo" del artículo 35 de la Constitución Española. En este siglo XXI el derecho a la paga, déjame vivir y punto.

Detalles. En este país de tan escasa tradición luterana, reconocer el derecho a percibir esa renta mínima requiere que el legislador afine los requisitos básicos que debe cumplir el desafortunado. Primero concretar su carácter universal: a los españoles entre 18 y 65, dicen, pero falta definir si están obligados a residir en España y qué pasa con los extranjeros residentes, sean de la UE o de fuera de ella. En segundo lugar, qué significa con exactitud carecer de empleo y si la ayuda está o no vinculada a la búsqueda activa, cómo se mide y cómo encajan con la prestación eventuales contratos por unos días o por unos meses. Y, por último, qué significa carecer de recursos económicos, si el preceptor de la renta mínima, en su caso, podría ser propietario de terrenos, de una vivienda, de participaciones societarias o de cualquier otro activo, y qué ocurriría si se descubre alguna manifestación de fraude: trabajar en la economía sumergida u obtener rentas no declaradas. En el reino de la picaresca todos estos detalles son cruciales.

Efectos. Esta iniciativa obedece a la voluntad bienintencionada de solucionar una terrible realidad: las miles de familias sin ingresos y las otras tantas por debajo del umbral de la pobreza admisible. No basta pensar en resolver esa foto fija, porque la implantación de un sistema de este tipo condiciona la toma de decisiones de los ciudadanos y, por tanto, determinar su idoneidad y conveniencia precisa de un análisis de los diferentes escenarios a corto y a largo plazo. Habrá quien renuncie a su puesto de trabajo porque no le compensa la diferencia entre salario y prestación y prefiere cobrar la paga, no madrugar y no desplazarse, vacantes que serán cubiertas por emigrantes que no cumplen (de entrada) los requisitos de la ayuda, hasta que consoliden sus derechos... También habrá quien no trabaje y se conforme con esa renta y renuncie al emprendimiento y a mejorar su empleabilidad. Los efectos no deseados, derivados de las políticas de subsidio directo, han sido estudiados por economistas desde hace años y no se deben obviar. Una sociedad que no lucha no tiene futuro.

Por qué no. En el Monopoly, paradigma del cruel libre mercado, la banca te daba 20.000 pesetas al pasar por la casilla de salida en cada vuelta, una particular renta no contributiva capitalista en un juego de mesa cuya esencia es mantener dinero y jugadores en movimiento, qué cosa, nada sospechoso de populista ni comunista ni socialdemócrata. En nuestra sociedad postindustrial, centrada en el bienestar y no en la producción, no parece descabellado que la economía se mueva con un mecanismo análogo.

Entelequia. La renta universal puede funcionar en un sistema ordenado, con sólidos valores y sin espacio para el fraude. Aquí, pues no sé yo.

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