sábado, 31 de octubre de 2015

Sinécdoque presupuestaria

(Publicado en el periódico El Día el 31 de octubre de 2015)

Reparto. Como buenos hermanos. El interés político reside en poder aprovechar el regalo inesperado para un plan de choque contra el paro en todas las Islas, para vender que esos 160 millones del ITE se destinan a un fin concreto, a paliar un problema que preocupa. Así lo expuso la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que atiende a la voluntad de su jefe para que se vea como algo extraordinario, que ese 2% no se diluya entre los 7.000 millones que gastará el Gobierno de Canarias el año próximo. Y me parece bien, escribir un verso con esa gota de tinta... Acabar en dos años con los atascos en Tenerife, que dicen que cerrar el Anillo cuesta 300 millones, o repartirlo según la triple paridad o el número de parados o el número de Avogadro.

La parte. Ningún otro 2% trajo tanta dicha, tanta que el propio Montoro se digna a traer la buena nueva, rey mago anticipado. Quiero entender la estrategia de Fernando Clavijo: venga usted aquí, señor ministro, convoque a los medios, aclare cómo va a formalizar el donativo y de paso explique por qué cada irreductible cántabro recibe 1.000 euros más del presupuesto público para sanidad que un aplatanado canario de la colonia. Y disculpe el tono pero es que las comparaciones son odiosas, sobre todo si tú eres el más feo o el maltratado sin razón aparente. "Estuvo hábil Revilla con las albarcas y el queso de tetilla para La Moncloa", contestará ufano don Cristóbal.

El todo. Cuando le sumamos el 98% restante. Debatir "el todo" igual que se debate "la parte" confieso que me interesa más. Por ver si al final se desvela la fórmula polinómica y los coeficientes de ponderación que permiten encajar islas mayores y menores, intereses de parte, pleitos y abandonos históricos. No nos engañemos, la gestión presupuestaria no admite matemáticas, solo política. No nos engañemos, insisto, ninguna lógica numérica recomendaría dedicar los millones invertidos en el túnel de Valverde a La Frontera, en El Hierro, ni en la autovía de Arguineguín a Mogán, en Gran Canaria, ni en el viaducto de Los Tilos, en La Palma, por poner un par de ejemplos paradigmáticos. Emplear la sinécdoque, tratar de expresar la parte por el todo, es un ejercicio de retórica de alto nivel que añade picante a la opinión pública pero que no contribuye a la necesaria transparencia de la que andamos tan escasos.

Moratoria. Se acabó. Ahora el Tribunal Constitucional sentencia que cualquier empresario debe poder elegir el tipo de establecimiento hotelero en el que enterrar sus ahorros. Pues muy bien. Mis asiduos compartirán esta sensación del "te lo dije" después de no sé cuántas referencias en esta columna a la necesaria aplicación del principio básico de la competencia. Será imposible calcular el impacto negativo que esta parida legislativa -permítame ahora este exceso con el respaldo del altísimo tribunal- ha supuesto para la economía de las Islas y el empleo, enorme, sin duda. Tampoco están ya los responsables políticos de la recién desvelada tropelía a quienes exigir explicaciones. Eso tiene legislar para el lobby, que cuando se destapa el engaño, los ciudadanos ya nos podemos dar por eso que usted está pensando.

Carlos Alonso. Acepta el reto de CC y se presenta a las elecciones generales; bien sabe dónde se reparte el bacalao. Admirable el ímpetu en su declaración de motivos, dicho sin ánimo adulador. Quizás se excede en tinerfeñismo y le falte visión Canarias, porque ahora, después de tantos años de generosidad archipielágica, quien actúe para el conjunto está obligado a resolver el grave retraso de Tenerife. Loable cruzada.

sábado, 17 de octubre de 2015

La competencia, la competencia y la competencia

(Publicado en el periódico El Día el 17 de octubre de 2015)

Carreteras. Basta viajar por la Autovia del Mediterráneo para comprobar que las montañas y los valles no fueron obstáculos para el Ministerio de Fomento. O por la vecina Gran Canaria, sin ánimo pleitista, de Arguineguín a Mogán, con dos carriles por sentido con el mismo esquema viaducto-túnel-viaducto, que constata que la línea recta es el camino más corto entre dos puntos. En Las Palmas, hará unos veinte años, había atascos monumentales en el acceso por el Sur y se montaban unas peloteras tremendas en el túnel de Julio Luengo, que atraviesa la ciudad de este a oeste, problemas que se solucionaron con la famosa circunvalación y los túneles de La Laja. Hormigón y maquinaria, más viaductos y más túneles, millones de euros, en definitiva. Al hastiado ciudadano tinerfeño -que pasa sus días en la cola de la TF-5- le importa un pimiento quién debe poner la pasta, si el Ministerio, el Gobierno autónomo o el Cabildo, pero que la pongan ya. La Vía Exterior, para sortear el área metropolitana, que ya dispone de conexión con la TF-1, y el cierre del Anillo Insular, al que le faltan unos cuantos tramos y el cuarto carril, sea dicho de paso. Los atascos en Tenerife son problema nacional, cuya solución se ha pospuesto vaya usted a saber por qué.

El mercado. Un sistema que hay que defender, democrático y justo, muy de izquierdas, necesita muy pocas reglas para que funcione bien y por tanto es sencillo de supervisar para evitar abusos. Se fijan las condiciones técnicas para participar en cada sector y se le da publicidad a las opiniones de los clientes. La Administración que se ocupe de verificar si los operadores cumplen esas condiciones, que luche contra la economía sumergida, los monopolios y los atentados a la libre competencia, que ya nosotros nos encargamos de elegir; así funciona un mercado eficiente, en el que los precios los fija la oferta y la demanda. Cuéntanos qué vendes pero deja que tus clientes nos digan cómo fue su experiencia y si hubo quejas que nos expliquen cómo las resolviste. Bendito Tripadvisor.

Igualdad. Uno de nuestros sólidos principios morales. Inadmisible que ahora el Gobierno del PP permita que se pueda simultanear cobrar el paro y trabajar de autónomo, con cuota reducida, por si fuera poco. Con la espalda cubierta y sin apenas gastos, estos nuevos profesionales o comerciantes podrán bajar sus precios para competir, mientras, los que ya están, sin subsidio ni rebaja, verán como pierden clientes y son tachados de careros. Este atentado a la competencia produce una distorsión del mercado innecesaria y de impredecibles consecuencias. Y puedo entenderlo, los del PP se han dado cuenta de que la actividad emprendedora mejora las estadísticas del paro y que la prestación por desempleo funciona mal, el beneficiario la agota antes de buscar una salida formal. Vaya fracaso, los gobiernos apoyaban grandes inversiones industriales (SEPI) para ser competitivos... esto de ahora, la pretensión de que cada cual se busque el guiso, cada individuo contra el mundo, es ir a la guerra de los chistes de Gila.

En lo público. La competencia de ser competente y de competir. Que podamos elegir médico de cabecera, por ejemplo, el que mejor nos atienda, o colegio para llevar a los niños. Se conseguiría poder premiar el buen hacer y subir la calidad del conjunto. Y para poder elegir, que nos permitan opinar en la plaza pública. El futuro es la transparencia.

Viajar. Para combatir el insularismo y otros fanatismos. Y de paso descubrir el camarón de Motril, picudo como el de El Hierro


(Imagen de www.aguiaringenieros.com)

martes, 13 de octubre de 2015

Todos pierden

Con el fraude todos pierden, incluso el culpable. Perdemos todos, empresarios, consumidores,
simples ciudadanos, usted y yo. Y no me refiero solo al fraude fiscal, que también, sino a la picaresca generalizada en la que andamos metidos en este país.
Imagine una empresa que importa cerveza pero en la aduana declara que son refrescos, en lugar de un 15% de IGIC liquida solo el 5%, tiene suerte y no lo pillan. Con su cerveza "casi duty free" consigue ser la más barata de la plaza y la coloca enseguida a un precio menor que sus competidores. Los clientes piensan que han sufrido un abuso durante años por parte de sus proveedores habituales y le ponen los cuernos. Cuando se agota la partida "subvencionada" y vuelve a su precio de mercado los clientes se sentirán defraudados y pensarán que todo fue un truco para captar compradores. En definitiva, la "trampita" de un operador pone en cuestión la credibilidad y prestigio de todo el sector. ¿Y quién ganó? Alguien en la cadena de distribución que aprovechó la oferta y mantuvo su precio de venta al público, y nuestro listillo unas ventas inesperadas. ¿Vale la pena?
Imagine que tiene tiene una avería en la empresa, le dan el teléfono de un fontanero que la resuelve rápido y a un precio razonable pero, en el momento de pagar le dice que no puede hacer factura, que cobra una pensión y que no está dado de alta. (Si todos hicieran lo mismo, no habría dinero para esa pensión). Argumentará que por "lo legal" le saldría a usted más cara y de paso llama carero al gremio, sin mencionar, claro está, que en tal caso, con la factura, dispone de garantía y de la posibilidad de reclamar. Nos traslada el problema de tener que pagar sin poder justificar el gasto ni la salida de dinero. Gana el tipo que hizo la reparación, esa vez, y el trabajo de esos profesionales devaluado, imposible competir para una empresa que haga las cosas como debe.
La economía sumergida distorsiona el precio de las cosas, resultan afectados todos, no se puede permitir ni para que alguien "escape" mientras no tenga trabajo formal. Esa distorsión impedirá que las empresas del sector contraten y por lo tanto se perpetúa la precariedad. La permisividad de los consumidores y la pasividad de los operadores no permite que la actividad económica se desarrolle con normalidad y demande empleo. Denunciar estas conductas por el bien común sin condescendencia y con mano firme. No queda otra.

sábado, 3 de octubre de 2015

La demolición de CC

(Publicado en el periódico El Día el 3 de octubre de 2015)

Territorio. Demoler y reconstruir, por ese orden. Con la legislación territorial hay que empezar de cero. Somos pobres y no nos podemos permitir unas leyes que impiden invertir. Dar el primer paso y que los afectados por la apertura en el uso del suelo, quienes ven amenazado su "statu quo" -el "lobby", si hablamos claro-, acepten que la sociedad canaria no funciona sin trabajo para todos. Cambiar de axiomas, que parecen bobos con tanto territorio "frágil y fragmentado", tanta "capacidad de carga" o con la "moratoria turística" en defensa del medio ambiente con millones de metros cuadrados ya machacados y urbanizados. Esloganes del nacionalismo de los noventa para una manera de hacer política que nos ha traído hasta aquí. Desafinar el piano para afinarlo de nuevo, esa es la técnica. Y habrá que ver quiénes son los integrantes del grupo de expertos que tiene el encargo y qué plantea. Aunque no sé yo, ¿expertos para una ley del territorio?, ¿expertos en qué materias y con qué fin? Porque hablamos de decisiones políticas, duras y controvertidas, que (los políticos) tendrán que defender frente a la oposición de los del "statu quo" y los del "no a todo". Decisiones políticas primero, Fernando, no escurras el bulto, y después que los expertos le den el empaque técnico que deba tener.

César Manrique. Nuestro adorado artista sería hoy condenado por terrorista ambiental. Imposible ejecutar cualquiera de sus proyectos por mucho que nos fascinen, permitan rentabilizar nuestro patrimonio natural o nos transporten a una experiencia mística. Subir al Teide estaría reservado a intrépidos montañeros, echar la arena en Las Teresitas, una entelequia, que ya hemos visto la que se monta por intentar dotar a la playa de servicios y aparcamientos. La férrea protección actual, disfrazada de ecologismo fanático, solo pretende controlar la competencia, afirmo, porque lo escaso (suelo, hoteles...) vale más y los propietarios defienden lo suyo. Ahora que empieza el debate me atrevo con una contribución gratuita: dejemos en paz los espacios naturales, con garantías, y aceptemos que cualquier actuación sobre el territorio es razonablemente reversible, que demoler y restaurar son cuestiones de voluntad y dinero; alcanzado tal nivel conceptual solo faltaría determinar quién se hará cargo de la restauración llegado el momento, el promotor mediante una tasa o la Administración en compensación por los beneficios que toda inversión aporta al bien común. Y por supuesto exigir proyectos de calidad y atender las alegaciones en la exposición pública. Escrito queda.

Millones. Que vienen de la UE a Canarias para fomentar el empleo, favorecer la investigación y el desarrollo tecnológico. Gestionar ese dinero requiere otra demolición controlada y repensar el sistema. Porque no basta con canalizar subvenciones ni emplearlo en gastos de estructura propia. La búsqueda de la rentabilidad a largo plazo en sectores estratégicos, que se consolide, mediante participaciones, como capital semilla o cualquiera de los nuevos mecanismos de financiación.

Fraude. Demoler las bases que sostienen la convivencia ciudadana es mucho más difícil. Porque vivimos en un país donde proliferan las pequeñas corruptelas y la moral pública permite al individuo justificar casi cualquier conducta. Y entonces, en un bar, comentan que fulano, al que todos envidian, se saca no-sé-cuántos-mil-euros al año por alquilar en negro su apartamento a los turistas y yo ni quiero saberlo ni me hace gracia. Y me da por pensar lo que nos cuesta cobrar a los profesionales, previa liquidación del IGIC, deducción del IRPF y pago de la cuota del autónomo; entereza.

Plenilunium. Un éxito, sin duda. Queda demostrado que los chicharreros somos de natural casero y que solo salimos a la calle cuando salimos todos, todos o ninguno.