jueves, 15 de diciembre de 2011

Que la detengan; es una mentirosa, malvada y peligrosa

(Publicado en el periódico El Día el 15 de diciembre de 2011)

UN MOMENTO, amigo, que eso no es tan fácil. En este país nuestro solo detienen, juzgan y condenan a quienes atentan contra la integridad física de las personas -a Dios gracias-. El resto de delitos no existe. Dan igual. Será el procedimiento judicial o nuestras leyes, o ambas cosas. Lo cierto es que nos embarga la sensación de impunidad, de completa impunidad para quienes meten la mano en la caja o atentan contra las libertades. Aquí no ha pasado nada ni parece que vaya a pasar nada.
Un caso. Nos enteramos por la prensa de que la Audiencia Provincial sentencia que hubo certificaciones duplicadas o correspondientes a obras inexistentes con las que los acusados obtenían financiación bancaria, pero no está probada "la intención de defraudar" (sic). Cabría preguntarles a los magistrados cuál sería el fin alternativo de tal comportamiento. Y yo no soy abogado, que conste, pero sé leer y tenemos todos una educación moral suficiente para saber que dar en garantía un documento falso no está bien, que es reprochable como mala conducta (¿o no?) y también debería serlo desde el punto de vista legal, digo yo.
Otro ejemplo. Una horda de funcionarios enajenados en huelga asalta la sede de una Administración Pública en donde se celebraba una sesión plenaria. Petardos, bengalas, interrupción violenta del ejercicio de la democracia, empujones a las fuerzas del orden, secuestro de un edificio público, susto y desalojo de los trabajadores... Ahora se cumplen seis años de la tropelía y nada. Ni un solo cabecilla detenido, ni un solo asaltante inhabilitado para ejercer sus funciones ni para dejar de cobrar su salario, que, por cierto, se paga con el dinero que aportamos usted y yo en los impuestos.
Y cuántos ejemplos que ocupan titulares destacados en los medios y cuántos más que pasan desapercibidos. No solo pelotazos inmobiliarios, tráfico de influencias o uso de información privilegiada, sino esas otras cuestiones tan gravosas en las que nadie repara: acuerdos con empleados públicos que reducen la jornada laboral prevista en la norma, el cobro de tasas por servicios que no se prestan o el despilfarro de tanto dinero público en subvenciones absurdas.
Tenemos un gigantesco problema de fraude en España y en Canarias y parece que todavía no somos conscientes de su enorme trascendencia. La lucha contra el fraude y la economía sumergida no son prioridad y deberían serlo; que los poderes públicos pongan los medios para atajar el desorden y que la prensa siga en su labor de denuncia. Y nosotros ciudadanos debemos exigir coherencia entre lo que nos parece mal y lo que las leyes consideran punible, no vaya a ser que nos roben también nuestra escala de valores.

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