jueves, 18 de agosto de 2011

La política bolchevique del Cabildo de Tenerife

(Publicado en el periódico El Día el 18 de agosto de 2011)

LOS INSTALADORES eléctricos se quejan de la contratación, por parte del Cabildo de Tenerife, a la empresa pública ITER de los sistemas para poner en marcha el NAP de Granadilla. Denuncian competencia desleal; podría llamarse endogamia. El "holding" empresarial que controla nuestra primera institución insular interviene en un buen puñado de sectores de la economía, como un operador más, aunque este tipo de manifestaciones solo sale a la luz cuando pisa los callos a quienes son fuertes y están organizados, como es el caso.
Empresas de titularidad pública o participadas por el Cabildo de Tenerife, entre otras muchas, fabrican yogures y quesos, objetos de artesanía, explotan instalaciones de ocio, prestan servicio de diagnosis médica, de transporte y custodia de datos, de transporte de pasajeros, cultivan plátanos, distribuyen agua, elaboran vino..., hasta el extremo de llegar a competir con el sufrido comercio minorista con una red de tiendas de productos típicos.
Podríamos cuestionar la consideración de servicio público de estas actividades o si la iniciativa privada no es capaz de ofrecerlos con garantías o si es esta y no otra la administración que debe asumir esa tarea. Si avanzamos en la reflexión y se concluyera imprescindible la intervención pública, podríamos cuestionar también cómo articular esa acción o ese respaldo.
La condición de sociedad mercantil de la empresa pública obliga a buscar beneficios económicos -que no son imprescindibles si se persigue un fin social- y a sufragar las pérdidas con aportaciones de los socios (del erario público), en su caso. Juegan al libre mercado cuando la cosa va bien, pero se arriman al calor de los presupuestos cuando la cosa no funciona, resultado que nos consta suele ser frecuente.
La austeridad obligada condicionará la estrategia cabildicia con las empresas públicas en el futuro inmediato. Si la actividad no puede considerarse un servicio público, ante el riesgo de tener que asumir el coste de unas pérdidas que no va a tener cómo pagar, deberá plantear vender su participación, dejar que la actividad sea ejercida por los particulares y, de paso, recuperar las inversiones realizadas. Pudiera ocurrir que no hubiera comprador para esas participaciones, ni siquiera con la oferta de facilidades de pago, que no haya quien vea el negocio o se asuste con el pasivo laboral; en tal caso habría que reorganizarlas a fondo.
Si se concluye, por el contrario, que la actividad es un servicio público competencia de esa administración y, por tanto, financiable con cargo al dinero de los impuestos, no tendría sentido que fuera gestionado por una empresa pública y cabría buscar alternativas. La legislación de contratos del sector público prevé la concesión de obras y servicios, por ejemplo (que el propio Cabildo emplea en otras áreas), que fomenta la iniciativa y la inversión privadas.

1 comentario:

gux dijo...

cojonudo. Triste pero cojonudo comentario.