miércoles, 2 de junio de 2010

Los visados, la innovación y la disciplina española

La inmensa mayoría de las personas no se tropiezan con un visado a lo largo de su vida, ni tienen por qué saber para qué sirve, ni llegar a comprender cuál es su sentido práctico, ni mucho menos entender el alcance de la polémica propuesta del Gobierno de eliminarlo.
Sin embargo, todos, toda la sociedad en su conjunto, se beneficia de la existencia del visado de los proyectos de ingeniería; éstos garantizan la transferencia tecnológica, los avances de la ciencia aplicados a la economía real. De hecho, nuestro sistema administrativo está montado para procurar que la última tecnología se emplee cuanto antes para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.
Sí, esto ocurre en España, aunque resulte increíble y aunque la inmensa mayoría no se haya percatado, ni siquiera quiénes desde la Administración tienen esa responsabilidad. En España, la puesta en marcha de las actividades económicas y la ejecución de obras de todo tipo están sujetas al cumplimiento de unas normas técnicas y a la autorización administrativa previa. Tal autorización se solicita en base a un proyecto en el que se explica qué se pretende realizar. Puede ser construir una casa, modernizar una emisora de radio o cultivar hortalizas. Se autoriza los proyectos, no la actividad. Comprobar que la actividad se ajusta al proyecto es el siguiente paso.
Se cumpla estas exigencias o no, la obligación legal existe. Y claro está, los proyectos técnicos en los que se describe las actividades o las obras, están redactados por arquitectos y por ingenieros de las distintas especialidades según el alcance de sus competencias. Un proyecto es un documento, más o menos extenso o complejo según de qué se trate, en donde se explica qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuánto cuesta hacerlo.
En la práctica, el promotor, sea un particular, una empresa o la propia Administración Pública, encarga un proyecto que desarrolle aquello que pretende promover. El ingeniero escucha la idea y propone la última tecnología disponible, que se ajuste a las necesidades del promotor y a las normas técnicas de aplicación en esa materia. Resulta incuestionable aplicar los avances tecnológicos en nuestra actividad si éstos ya están disponibles: todos deseamos equipos de aire acondicionado más silenciosos, procesos de producción más eficientes y carreteras más seguras. Cada proyecto permite introducir la innovación en la actividad económica, lo cual quiere decir que el hecho de que la Administración nos pida el proyecto, garantiza que tal transferencia tiene lugar.
Y aquí es donde aparece el visado. Es cosa de tres: del promotor, del ingeniero redactor del proyecto y de la Administración Pública competente, en su inmensa mayoría, los ayuntamientos. Cada gremio de la ingeniería –los industriales, los de caminos, los agrónomos, etc.- se organiza en Colegios Profesionales que disponen de un gabinete técnico que evalúa cada proyecto antes de ser presentado para su autorización administrativa: se comprueba que se ajuste a la norma vigente y que la solución planteada sea la más adecuada para el fin perseguido. En definitiva, cada Colegio garantiza la calidad de los proyectos que redactan sus colegiados. Ese sello de garantía se llama visado.
Ahora imaginemos el municipio medio español, al frente de cuya oficina técnica estará un funcionario, normalmente un ingeniero de la especialidad que sea. A ese ayuntamiento llegan solicitudes de autorización de proyectos variopintos: alguien que quiere mejorar su restaurante, otro que pretende montar una granja de gallinas ponedoras o una compañía de teléfonos que quiere colocar una antena repetidora. Es imposible, y tampoco podemos pretender, que ese funcionario domine todas las materias de los proyectos que pasen por sus manos.
En la situación actual, cuando el técnico municipal recibe un proyecto visado, ya sabe que ha sido revisado por expertos, que han comprobado que el que firma está realmente cualificado para redactarlo y que el contenido se ajusta a la norma. Le queda comprobar la adaptación al planeamiento local y verificar su ejecución, cuestiones éstas que sí podrá realizar con eficacia.
La otra cuestión tiene que ver con la falta de disciplina española. Y es que todos conocemos un inmenso número de actividades que se ponen en marcha sin proyecto y sin autorización. Incluso la propia Administración subvenciona inversiones que no están soportadas por un estudio técnico. Estas conductas, por incapacidad o falta de conciencia, comprometen la innovación tecnológica en lo cotidiano. El ejercicio de la ingeniería forma parte del progreso, su influencia está en todo. Ahora toca reforzar la colaboración entre las organizaciones de profesionales y los poderes públicos. De ello depende nuestro futuro.

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