viernes, 8 de mayo de 2009

Ayuntamiento en suspensión de pagos

(Publicado en Diario de Avisos el 8 de mayo de 2009)

Los acreedores del ayuntamiento -aquellas empresas a las que le debe dinero- se decidieron y solicitaron la actuación judicial según la ley concursal. El juez de entrada no sabía qué hacer, era una situación inaudita. Al final aceptó. El juzgado nombró administradores concursales. A partir de ese momento la capacidad ejecutiva del alcalde, de sus concejales y de sus funcionarios está condicionada. La actividad cotidiana debe seguir; para el resto hay que consultar. Deben consultar a los administradores y ellos, según qué asuntos, al juez. Una intervención concursal es algo serio.
Esta primera fase no ha estado exenta de controversia. El alcalde llamó a las altas instancias de su partido, desde allí se habló con sus representantes en el Gobierno autónomo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Fue increpado el ministro del ramo, se desató un intenso debate público sobre la conveniencia versus obligación legal de que las administraciones públicas estén sometidas o no a la ley concursal. Se pidió dictamen de urgencia al Tribunal Supremo y confirmación formal del Constitucional. La cuestión quedó resuelta con elevado consenso: si las administraciones públicas participan -como es el caso en España- en la actividad económica como un operador más, no sólo como garantes del cumplimiento de normas y ordenanzas, deben estar sujetas a los mismos controles y responder de su responsabilidad del mismo modo que las sociedades mercantiles y sus administradores.
Lo primero fue comprobar la deuda, que estuviera fundada y el monto total de lo adeudado. En el proceso aparecieron facturas de obras, servicios y suministros que no estaban respaldados por su preceptivo expediente de contratación. Parece que es práctica habitual. Desde el Ayuntamiento se encarga algo, se realiza el trabajo o el suministro en cuestión y se presenta la factura por el registro de entrada, después alguien da el visto bueno y se paga... o no. Hubo que verificar si efectivamente tales gastos habían tenido lugar para confeccionar la lista definitiva de acreedores y las cantidades adeudadas. Aquella cifra quitaba el hipo.
Siguió la ingente empresa analizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento -su estructura de gastos e ingresos-, para determinar su capacidad real de hacer frente a la deuda. Se empezó por los gastos de personal (capítulo 1 del presupuesto) que suman más de la mitad del total. No se pudo definir con claridad cómo era el organigrama funcional, qué trabajador dependía de qué área y cuáles eran sus funciones concretas. Se encontró personal en cargos de confianza cuyo nombramiento no estaba soportado por informe jurídico alguno, varios casos de contratos temporales que llevaban mucho tiempo prorrogados y algún trabajador que cobraba su nómina y hacía años que no pisaba las dependencias municipales. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron las elevadas cantidades destinadas a las mejoras sociales del personal funcionario. Hubo que sumergirse en el acuerdo de condiciones laborales -el equivalente al convenio colectivo-, en la normativa estatal que regula las relaciones laborales de los empleados públicos y en las múltiples sentencias que han ido apareciendo en los últimos años, para constatar que el Ayuntamiento estaba soportando gastos no previstos legalmente (seguro médico privado, premio de jubilación o el complemento salarial en caso de baja laboral). Ni tan siquiera se cumplía con la jornada laboral oficial (37,5 horas a la semana) debido a una aplicación nada rigurosa del horario de verano. También se detectó que muchos funcionarios disfrutaban de compatibilidad para ejercer su profesión en el mercado libre sin que se les hubiera practicado la reducción salarial establecida para esos casos. Todo aquello fue un descubrimiento. Sólo gestionando el personal municipal según la legislación vigente se podría conseguir un importante ahorro.
Al analizar el abultado capítulo de gastos corrientes, se observó que las partidas principales se referían a los contratos con los concesionarios o prestatarios de los principales servicios públicos municipales (recogida de basura, limpieza viaria, suministro de agua y un largo etcétera). Con estas empresas la deuda era enorme. No se supo por dónde empezar. Lo que sí parecía claro es que, dentro de estos contratos, la cantidad destinada al personal era también la más importante; en cierto modo, se trataba de trabajadores que prestan sus servicios al Ayuntamiento pero de forma indirecta. Se decidió estudiar los convenios colectivos y, dada la complejidad de este tipo de contrato, se consideró conveniente encargar a un perito el examen de su cumplimiento.
El resultado fue decepcionante. Los convenios colectivos, amparados por el propio Ayuntamiento, contemplaban mejoras laborales muy alejadas de los convenios sectoriales, no sólo en cuanto a retribución por categoría, que siempre era muy superior, sino con prebendas difícilmente explicables (suscripción de planes de pensiones, licencias retribuidas o revisiones salariales anuales varios puntos por encima del IPC). El resultado de la peritación no fue mucho mejor: instalaciones y maquinaria no incorporados a los servicios, un grado de cumplimiento que distaba mucho de los mínimos establecidos en los pliegos de condiciones; ni tan siquiera la totalidad del personal ofertado estaba contratado por las empresas concesionarias. Por inacción o por falta de capacidad de control quedaba clara la ineficiencia del dinero destinado por el ayuntamiento a estos contratos.
Respecto a la supervisión de los contratos de obra se constató que, en la mayoría de casos, los trabajos estaban ejecutados, si bien las partidas presupuestarias inicialmente previstas distaban mucho de las finalmente comprometidas, incrementos de inversión que no siempre estaban justificados desde un punto de vista técnico. Aquello de las obras son así, sabes cuándo empiezan pero no cuándo terminan ni cuánto van a costar... no deberían regir para una administración pública, máxime cuando la propia ley de contratos del sector público prevé la modificación de los proyectos. La realidad detectada resultó ser que prácticamente todas las obras ejecutadas en los últimos años habían sido modificadas y su coste revisado al alza. En este tipo de contratos el retraso en el pago por parte del Ayuntamiento superaba los doce meses.
Llegados al análisis de las transferencias de crédito -aquellas partidas presupuestarias que las administraciones públicas se ceden entre ellas a cambio de la prestación de servicios de su competencia pero cuya gestión han delegado generalmente en organismos supramunicipales (tratamiento de basuras, transporte público urbano, etcétera)- por un lado, se advirtió que el Ayuntamiento había suscrito acuerdos sin dotar presupuestariamente en su totalidad las cantidades pactadas y, por otro, se pudo comprobar que en otros tantos, estando previsto el gasto, no se habían efectuado los pagos correspondientes. Acababa de aflorar una nueva y enorme deuda que no había sido contemplada. Surgió la duda de si otra administración podría integrar la lista de acreedores que habían dado lugar a esta situación concursal. En buena lógica debería ser posible, dados los enormes problemas financieros que a su vez se genera en las acreedoras...
Respecto a los gastos quedó confirmado que el Ayuntamiento mantiene más personal del requerido para los servicios que presta al ciudadano, que su coste salarial no se ajusta a lo estipulado legalmente, que las empresas contratistas de servicios emplean trabajadores en condiciones muy superiores a los convenios sectoriales, que la ejecución de esos contratos no se ajusta exactamente a lo estipulado en los pliegos, que los contratos de obras son habitualmente modificados al alza y que se mantiene una importante deuda con otras administraciones públicas. El panorama es desalentador. Algunas cosas serán fáciles de arreglar y otras requerirán tiempo e imaginación para poder llegar a pagar las deudas a los acreedores. Sorprende la respuesta de responsables políticos y técnicos: nadie sabe por qué se ha llegado a esta situación.
El análisis inicial de los administradores concursales no estará terminado hasta conocer el origen de los ingresos con los que se financia el Ayuntamiento y la eficacia de su gestión de cobro. Su propuesta de gestión, mientras dure la intervención judicial, debe contemplar qué cantidad de dinero se requiere para el funcionamiento ordinario -corregidas las ineficiencias detectadas- y para el pago de la deuda, y si tales ingresos son posibles en la actual coyuntura socioeconómica. La sanción de responsabilidades sobre lo ocurrido, en su caso, será asunto del juez.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Los políticos se han ocupado de que la Ley Concursal no sea aplicable a las corporaciones públicas...es lógico, sólo quieren subvencionarse para seguir donde están...