lunes, 2 de febrero de 2009

Para Jordi Sevilla sobre los ayuntamientos y la crisis

Estimado Sr. Ex-Ministro,

He leído con interés su artículo Ayuntamientos contra la crisis publicado en EL MUNDO de ayer domingo. Defiende con argumentos la medida impulsada por el Gobierno del Estado para transferir más de ocho mil millones de euros a los ayuntamientos de nuestra España con el fin de generar empleo y ayudar a reactivar la economía. No es mi intención poner pegas al proyecto, ni siquiera cuestionar la intervención keynita del Gobierno en estos momentos difíciles. Mi reflexión es otra.

Desde una postura ideológica nada sospechosa, me sorprende como no he escuchado a nadie en este país hablar de eficiencia en la gestión de lo público, no sólo a usted, que sólo alcanza a opinar que los ayuntamientos "han demostrado que son una administración eficaz", ni en general a responsables políticos, nacionales, autonómicos o locales. Ni siquiera la oposición pide y fiscaliza el buen uso de los recursos públicos.

Que los ayuntamientos de toda España funcionan ineficientemente no es sólo una opinión; muchos no llegan ni al aprobado en eficacia por la prestación de los servicios públicos que un ciudadano de un estado civilizado debe recibir y puede llegar exigir dada la carga fiscal que soporta... por mucho que usted afirme -sin pruebas- lo contrario. Disculpe la generalización con la que seguro soy inexacto, pero no debo andar muy desencaminado. Es curioso como usted mismo, en el mismo artículo, un poco más adelante, achaca a los ayuntamientos parte de la responsabilidad de la burbuja inmobiliaria de donde procedía una parte sustanciosa de su financiación. Fíjese que esto de ahora no trata de resolver la raíz del problema sino de repartir dinero.

Usted da en la diana: "los ingresos municipales en España han estado demasiado vinculados al suelo", exacto. Con ingresos extraordinarios pagamos lo ordinario y dimensionamos nuestra estructura sin reparar en gastos. Compromisos para el gasto corriente que se podía pagar... y ahora no. Ahí van, transferidos a caja, los ocho mil millones, para pagar las obras del Fondo este (...cuando podamos, con lo que sobre). Disculpe pero su postura se defiende muy mal, eso de dar dinero a quien no ha sabido gestionarlo en época de vacas gordas no admite una explicación coherente y sencilla por muy buenas que sean las intenciones.

No hablamos sólo de ineficacia en lo cotidiano, ni de ineficiencia en la utilización de los recursos públicos, vamos más allá. Podríamos hablar de injerencia en el sistema económico cuyas consecuencias sufrimos hace tiempo y que con la crisis actual veremos aflorar con mayor nitidez. Obra y gracia de las administraciones locales, con el beneplácito de las demás administraciones que configuran nuestro estado de derecho, cuestiones éstas que quizás usted no haya escuchado antes; trataré de explicarme.

Los ayuntamientos contratan directa o indirectamente -mediante empresas concesionarias- una enorme cantidad de trabajadores. Generalmente estos trabajadores (no sólo los funcionarios) disfrutan de unas condiciones laborales excepcionalmente buenas respecto al mercado. No sólo es cuestión de retribución sino también de jornada laboral reducida, seguro médico privado, licencias y todo tipo de acuerdos colectivos que no se ajustan a la legislación nacional pero que pasan desapercibidos para quienes tienen el deber de fiscalizarlos. No sólo son puestos seguros, sino con condiciones insuperables. El ciudadano paga y paga más de la cuenta. Usted sabe que en España este es un tema tabú, no se habla de él, ni en campaña electoral ni una vez se accede al Gobierno, no se habla del coste de personal de las administraciones locales, ni del absentismo laboral, ni mucho menos de los problemas que esta situación significa para el conjunto de la sociedad.

Es un secreto a voces que en España, el mucho tiempo libre y la seguridad en los ingresos, permiten a los empleados públicos lanzarse a una actividad profesional o empresarial complementaria. Con el día a día resuelto se trabaja en la economía sumergida o haciendo feroz competencia por precio a autónomos y pequeñas empresas. Difícil competir. El sistema no persigue este tipo de conductas, ni siquiera las debe tener detectadas como perjudiciales para el tejido productivo. Y no generalizo, describo un fenómeno frecuente. Falta cuantificar el paro que genera esta realidad.

Nótese que no me he referido a la pléyade de concejales, asesores y ayudantes que circulan por los ayuntamientos y sus empresas públicas. Estos temas sí aparecen normalmente en el debate público, lo anterior, no.

A mí me gustaría pensar igual que usted Sr. Sevilla en su optimismo para con las administraciones locales en la relación con los administrados. Pero no puedo. Trato de imaginar qué va a pasar con la parte de esos ocho mil millones que vaya a parar a esos ayuntamientos -financiados recurrentemente con el ladrillo- que en el glorioso 2007 mantenían un retraso en los pagos a sus contratistas y proveedores por encima de los 365 días... me cuesta pensar que no sucumbirán a la tentación de pagar las nóminas, las dietas o los fuegos artificiales de sus fiestas mayores con las buenas intenciones del presidente Rodríguez Zapatero.

Quizás usted que trabaja en la gran política pueda utilizar estos razonamientos para contribuir a mejorar el bienestar general de las personas. Usted que tanto cita a Obama, acuérdese que el nuevo presidente americano apuesta insistentemente por hacer las cosas bien. Vaya obviedad.

Reciba un cordial saludo,

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