domingo, 1 de junio de 2008

Los usos del suelo en los espacios naturales protegidos


(Publicado en El Mundo del Agrónomo nº 3, junio 2008)

Resulta innegable la necesidad de proteger nuestro territorio y su naturaleza viva, de poner lavas y barrancos fuera del alcance de la bárbara destrucción humana. Resulta innegable también que los instrumentos legislativos son necesarios para conseguirlo. En definitiva se trata de disponer de leyes que ordenen las conductas de los individuos, pues son éstos, con sus conductas, los que finalmente protegen o alteran nuestro entorno.

Recientemente hemos celebrado el veinte aniversario de la primera ley de declaración de espacios naturales de Canarias. Realmente consiguió echar freno en la ocupación masiva del territorio que auguraba el "boom" turístico-inmobiliario de esa década en la que las Islas se empezaban a consolidar como destino de masas. Alguno de los que participó en la redacción de aquella ley comentaba, hace años, que la pretensión entonces era más bien al revés, es decir, no tanto clasificar aquello que había que conservar, sino impedir la expansión global de ese fenómeno constructivo. Lógico cuando la protección que recogían planes generales de muchos municipios no era suficiente. Y es que las anteriores leyes del suelo también preveían figuras de protección aunque con escaso éxito en su aplicación práctica. La aparición de esta ley de espacios naturales eleva la competencia de la gestión a nivel autonómico con el afán de parar lo que en aquellos momentos estaba escasamente controlado.

El primer texto ha sido perfeccionado posteriormente sin perder la bondad y eficacia perseguidas, aunque conserva pretensiones que, por excesivamente ambiciosas, están quedando reiteradamente en el tintero. La implantación y posterior mantenimiento del preceptivo plan de gestión para cada uno de los espacios protegidos, por ejemplo, es una empresa técnicamente muy compleja y económicamente sólo sostenible con grandes cantidades de dinero público. Con toda seguridad, en otras comunidades españolas, el proceso legislativo de protección de espacios naturales habrá sido muy similar.
Y realmente la cosa en estos años ha mejorado mucho. El destino de un suelo -y de los elementos naturales que soporta- empezaba a torcerse con la sorriba y uso agrícola, seguía con la edificación irregular y terminaba con su regularización, haciendo inútil cualquier esfuerzo en planificación. Ahora no, ahora la administración competente asume su papel y manda derribar y derriba construcciones ilegales, y sanciona con contundencia a los que actúan fraudulentamente. Ahora, los responsables políticos que permiten desmanes urbanísticos fuera de la ley responden ante la justicia. Ahora, para regocijo de los que creemos en el estado de derecho y para desgracia de los especuladores, afortunadamente, disponemos y utilizamos rígidas herramientas de control.

Comentamos que en la delimitación de los espacios protegidos se empleó como criterio el estado de conservación de los valores naturales, quedando fuera aquella porción del territorio antropizada en extremo que se liberaba para otros usos, los residenciales y el soporte de la actividad económica.
La gran paradoja de la ley es que premia a los propietarios del suelo -incluidos los propios ayuntamientos- que abusaron de él, que segregaron parcelas y que permitieron todo tipo de actuaciones. Premia, en definitiva a los que especularon. Los premia económicamente al quedar sus parcelas fuera de cualquier protección, al consolidar legalmente tales agravios y al permitir que continúe el expolio. En definitiva, sin quererlo, el sistema favorece las conductas que persigue.
Y en el otro extremo se encuentran aquellos otros propietarios cuyas familias durante generaciones mantuvieron la agricultura o la explotación forestal en sus terrenos; no parcelaron, no vendieron, ni siquiera edificaron, en definitiva, protegieron el territorio. Precisamente porque persistieron esos comportamientos proteccionistas, existen hoy esos espacios naturales que han podido ser afectados por la ley. Esos otros propietarios se ven ahora muy limitados a la hora de obtener rentas de ese patrimonio. Ley de espacios naturales permite -e insisto en que seguramente sin pretenderlo- que los transgresores contumaces se enriquezcan aún más y que la conservación carezca de aliciente. Esto no debe ser así. No parece justo que la aplicación de una norma fomente este extraño juego de premio y castigo.
Es tremendamente importante que estas conclusiones no sean interpretadas como una oda a la explotación masiva de nuestro territorio protegido, no. Las leyes deben ser justas para que sean buenas y ésta debe serlo por el interés de todos.
Si tenemos claro que hoy en día disponemos de esas herramientas de control que permiten perseguir con eficacia al que se sale del tiesto, entonces ha llegado el momento de replantearnos el uso de los suelos afectados por la protección e incluso reconsiderar cuál debe ser la clasificación de cada espacio natural. La propia ley prevé figuras de protección, que podrían ser más utilizadas, que compatibilizan los usos tradicionales del territorio y su conservación. Debemos superar el pavor al desastre incontrolado, que fue la primera motivación del legislador, y avanzar con nuevas ideas sin perder el enfoque.
Reversibilidad. Consumir territorio como recurso es necesario para el sostenimiento de nuestro sistema socio-económico que tan excelente resultado nos ha dado. Sí, excelente, y es que no podemos negar el avance en el bienestar de las personas producido en España en las últimas décadas. 

Empleando esta consideración, podemos imaginar un desarrollo legislativo que tenga en cuenta las tres sencillas reglas siguientes:

1ª. Toda alteración del territorio se justifica únicamente si trae consecuencias positivas para el bienestar general de la población a largo plazo.
2ª. Preservar el territorio y sus valores naturales es la única posibilidad mientras no se verifiquen las consecuencias positivas a que se refiere la 1ª regla.
3ª. Cualquier alteración del territorio o de sus valores naturales es considerada siempre reversible y será corregida cuando cambien las condiciones que la justificaban.
Resolvemos nuestra íntima relación con el modelo económico, resolvemos esa sensación de culpa que nos aturde cuando abrimos la mano a permitir nuevos usos del territorio y nos hace oponernos a la consecución de nuestra misión colectiva de procurarnos bienestar. Si las alteraciones del territorio son reversibles -que lo son- nuestros hijos seguirán heredando el mismo país que heredamos nosotros y dependerá sólo de ellos el cómo quieran disfrutarlo.
Pero por supuesto, volver a considerar al territorio un recurso generador de riqueza requiere garantizar la aplicación de la 3ª regla, conseguir una eficaz reversibilidad de la alteración, llegado el caso. Para ello, por ejemplo, con carácter previo a la autorización, el promotor debería constituir garantías suficientes para sufragar su coste.En cualquier caso, debemos congratularnos por la existencia y la eficacia de las actuales leyes de protección de espacios naturales, han cumplido su misión con éxito. Cuando fueron aprobadas necesitábamos cordura. Pero no nos quedemos ahí, en este nuevo escenario urge imaginación para afrontar el futuro.

1 comentario:

Pablo Zurita Espinosa dijo...

Aparece el ejemplo perfecto. Las fotos de la restauración de la costa de El Sauzal. Demuestran la reversibilidad de las acciones humanas. El ejemplo perfecto: http://www.eldia.es/galeriafotografica/tematica/sauzal09/1